El Consejo de Ministros ha dado un paso importante en la lucha contra el cambio climático al aprobar un nuevo Real Decreto que refuerza el Registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono. Esta medida, impulsada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), marca un avance significativo hacia un futuro más sostenible.

¿Qué implica este nuevo Real Decreto?

• Ampliación del Registro:
  El nuevo Real Decreto actualiza y mejora el sistema de registro de huella de carbono, ampliando los tipos de proyectos de CO2 incluidos. Fortalece la coordinación con los registros autonómicos. Incorpora las huellas de carbono de eventos, optimiza la tramitación administrativa y establece nuevos requisitos para aumentar la eficacia del sistema.
• Obligación de Calcular la Huella de Carbono:
  Para cumplir con la nueva normativa, las grandes empresas y entidades de interés público con más de 500 empleados deberán calcular y certificar anualmente su huella de carbono. Esta obligación también se extiende a aquellas empresas que, durante dos años consecutivos, cumplan al menos dos de los siguientes criterios:
  • Superar los 20 millones de euros en activos.
  • Facturar más de 40 millones de euros.
  • Tener una plantilla media de más de 250 empleados.

Además, todos los ministerios y organismos del sector público estatal estarán sujetos a este requerimiento.

• Planes de Reducción de Emisiones:
  • Las entidades obligadas deberán elaborar y publicar planes concretos para reducir su impacto.
• Compensación de Emisiones Facilitada:
  • Se promueve la inversión en proyectos forestales en España que absorban CO2 y generen beneficios ambientales y sociales.

¿A quién afecta esta nueva obligación?

• Empresas: Grandes empresas y sociedades de capital que cumplan con los criterios mencionados.
• Administración General del Estado: Departamentos ministeriales, organismos autónomos, entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, y otros organismos del sector público administrativo estatal.

Este tipo de medidas demuestra el creciente compromiso de España con la reducción de emisiones descontroladas de CO2 y la transparencia medioambiental.

Consulta el Real Decreto aquí.

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